El informe final del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el financiamiento de la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves Robles, detectó coincidencias entre las donaciones en especie que recibió el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y el dinero que aportó Jack Frederick Loeb Casanova al fideicomiso Costa Rica Próspera (CRP).
Además el documento revela que hubo contradicciones entre lo declarado por Loeb y documentos que él firmo como donaciones al PPSD.
El financista y constituyente del fideicomiso aseguró que no había dado dinero al partido y una vez que se encontraron sus firmas que constataban lo contrario, argumentó que se hizo así por orden e insistencia de la ahora diputada, Luz Mary Alpízar Loaiza.
El documento dado a conocer en primicia por crhoy el sábado 1 de febrero, reveló que el partido recibió, entre julio del 2021 y abril de 2022, casi ₡34 millones en efectivo y ₡110 millones por aportes en especie.
Al analizar esos movimientos de dinero el DFPP tuvo sospechas porque los montos tenían similitud a los que se hicieron para pagar servicios de la campaña por medio de CRP, administrada por ATA Trust S.A. Company, donde figura como uno de los representantes Arnoldo André Tinoco, nombrado por Chaves como canciller de la República.
“Las donaciones en especie reportadas por el partido Progreso Social Democrático para el III trimestre de 2021, a nombre del señor Jack Loeb Casanova, coinciden con múltiples de los pagos que se observan en los estados de cuenta bancaria suministrados por el Banco Nacional de Costa Rica, en específico de la cuenta en dólares de ATA TRUST COMPANY S.A.
Particularmente destacan estas coincidencias respecto de: i. Servicios profesionales de logística y organización de conferencia de prensa (6 de julio de 2021); ii. Arrendamiento de oficina (6 de julio de 2021); iii. Banderas (6 de julio de 2021); iv. Alimentación y suministros para casa de campaña (6 de julio de 2021); y v. Servicios públicos (6 de julio de 2021)”, detalla el informe.
En cuanto a los recibos de donación en especie que el PPSD presentó al TSE, se confirmó en el documento que ahora está en manos de la Fiscalía General, que fueron recibidos por Alpízar Loaiza hasta el 15 de febrero del 2022 con los que se cubrieron los pagos de bienes y servicios mencionados.
Loeb Casanova desembolsó ₡61.646.878, pero negó vínculos suyos o de sus negocios con el PPSD, sin embargo su firma aparece por insistencia de Alpízar Loaiza en julio del 2021, “quien conocía que esos bienes y servicios fueron sufragados por el fideicomiso del grupo CRP”.
Añadió que la otrora presidenta del PPSD le dijo que debía firmarlos solo como parte de los procesos internos del partido y allí quedó evidenciado el pago de facturas relacionadas con gastos de la campaña.
A estos cuestionamientos se suma la interrogante que surgió previo a la elección en primera vuelta, cuando los contadores públicos autorizados, Luz Eugenia Chacón Villalobos y Mailo González Álvarez, advirtieron al DFPP que la certificación elaborada de los estados financieros del PPSD, correspondientes al cierre del 2021, se confeccionaron sin apegarse a los procedimientos que exige el TSE.
“(…) de tal suerte que la información aportada no es suficiente para expresar una conclusión sobre la misma y la respectiva certificación”, detalla el informe.
El DFPP concluye que esto se relaciona directamente con las palabras del vicepresidente de la República, Stephan Brunner Neibig, quien confesó a Chaves mediante un audio de WhatsApp, que durante su gestión como tesorero del PPSD conoció de donaciones de personas jurídicas, lo cual está prohibido por ley.
Tanto Brunner como Chaves confirmaron en un video difundido por Casa Presidencial la autenticidad del audio, pero alegaron que no existía nada ilegal o censurable en la comunicación.
“(…) yo ahora sé que existió un fideicomiso, sé que esos bienes los adquirió el fideicomiso y como en el fideicomiso hubo personas jurídicasque metieron plata y no solo físicas, él dice que ya esos dineros vienen contaminados, así es que esos activos están contaminados, en el sentido de que ahí hay donaciones de personas jurídicas y el traslado de una persona física, eso es meramente el recibir una donación de persona jurídica mediante interpósita persona y que ya no puedo alegar que yo no sé nada de eso, porque ya ha salido mucho en los periódicos, ya el tema ha sido tema de discusión pública y entonces él me recomendó no recibirlos (…) La recomendación es hacer nada, ellos no saben que existen esos activos, ni tienen por qué enterarse (…)”, decía el audio.
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Estructuras paralelas
Chaves Robles, Brunner Neibig y André Tinoco, así como los diputados Luz Mary Alpízar y Waldo Agüero Sanabria, son señalados en el informe como sospechosos de cometer varios delitos electorales.
A ellos se suman Sofía Agüero Salazar, Jack Loeb Casanova y otros 8 financistas, como investigados en el expediente que maneja la Fiscalía.
El documento apunta que Chaves y André participaron en la constitución del fideicomiso CRP, mismo que “sirvió de estructura paralela de financiamiento en beneficio del Partido, en el marco de las Elecciones Nacionales de 2022”.
“Durante la investigación se identificaron gastos puntuales que tenían, por objetivo, favorecer el accionar político de esa agrupación, tal como se detalló”.
Las cuentas bancarias de ATA Trust Company S.A., administradora de CRP, recibió entre el 25 de febrero y el 8 de octubre de 2021 ₡62.010.239) y $348.182, de los cuales se pudo identificar se usaron en la campaña ₡47.733.108 y $98.741.
Además entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, operó una segunda estructura paralela de financiamiento para impulsar las candidaturas de Chaves Robles y Agüero Sanabria, sin ser reportados al TSE.
“(…) participaron -al menos- el señor Jack Frederick Loeb Casanova y la señora Sofía Agüero Salazar. En total, a través de este esquema se gestionaron ₡12.431.317 y $208.844 en gastos de naturaleza político-electoral dirigida, en específico, a beneficiar las aspiraciones electorales de los señores Chaves Robles y Agüero Sanabria; movimientos que no fueron revelados, ni íntegra ni fehacientemente, por el partido Progreso Social Democrático en sus informes financieros-contables intermedios ni anuales”.
Los investigados son señalados de supuestamente cometer presuntos delitos penados con cárcel en el Código Electoral. En el caso del presidente Chaves, el informe cita que habría incurrido en una violación al artículo 273 del Código Electoral, por presuntamente recibir donaciones para el partido político Progreso Social Democrático (PPSD) a espaldas de la tesorería de la organización política. Dicho delito tiene una pena de 2 a 4 años de cárcel.
Por este mismo delito y la misma situación fueron investigados los empresarios y donantes de campaña: Jack Loeb, Andrés Vásquez y Alonso Vargas Araya, todos representantes del fideicomiso investigado. También al canciller de la República, Arnoldo André.
Además, al presidente Chaves se le relaciona con la supuesta violación al artículo 275, que tipifica las contribuciones privadas ilegales. En este caso, se le señala por recibir donaciones para su campaña a través de “una estructura paralela y evadiendo los controles del partido político”. Por este mismo delito se le señala a la diputada Alpízar, quien ahora es independiente.
A lo mismo se enfrenta el vicepresidente Brunner, pues el informe del TSE logró determinar que conocía sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso Costa Rica Próspera y no lo denunció.
Source
Carlos Castro
